En la nueva era digital, la inteligencia artificial se ha convertido en un pilar fundamental para la transformación de diversas industrias, y el ámbito jurídico no es una excepción. La capacidad de utilizar herramientas tecnológicas avanzadas es un factor atractivo para los clientes que valoran la eficiencia y la precisión, siendo la combinación de habilidades legales tradicionales con conocimientos avanzados en tecnología la clave para el éxito en el futuro del ejercicio profesional de la abogacía, permitiendo a los despachos y firmas de abogados prosperar, manteniéndose relevantes y actualizados.

Ya es una realidad mundial el uso de herramientas que mejoran la eficiencia y la calidad del servicio jurídico, desde la simplificación de tareas repetitivas hasta la mejora en la gestión de casos, pudiendo automatizar una amplia gama de actividades rutinarias y administrativas, como la revisión de documentos, la búsqueda de jurisprudencia y la elaboración de borradores de contratos, lo cual no sólo reduce el margen de error humano, sino que también libera tiempo valioso para concentrarse en aspectos más estratégicos y complejos, mejorando la eficiencia operativa y diferenciándose en un mercado altamente competitivo, pudiendo inclusive en el uso de las mismas, analizar grandes volúmenes de datos y proporcionar análisis predictivos que ayudan en la toma de decisiones preliminares al estudio de los casos, identificando patrones y tendencias en casos similares.

No obstante, el nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial que regirá las pautas para la implementación de tales recursos tecnológicos, introduce un enfoque regulatorio basado en riesgos, centrado en la protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. En consecuencia, este nuevo cuerpo legal plantea un importantísimo desafío ético a la hora de su interpretación por parte de los abogados y operadores jurídicos en general: modernas normas inéditas clasifican en una división binaria a los sistemas computaciones de uso cotidiano en “alto riesgo” y riesgo moderado e inexistente, señalando distintos niveles de protección y medidas de cumplimiento para su aprobación y puesta en práctica. Aquellas aplicaciones o sistemas que impliquen interpretaciones legales se ubican dentro del amplio grupo de las consideradas de “alto riesgo”, y los criterios para determinarlas son fundamentalmente jurídicos, quedando establecidas obligaciones que van más alla de la mera inscripción en una amplia base de datos para obtener la aprobación y salir al mercado. Aunado a ello, deben cumplir con estrictos requisitos de transparencia, supervisión humana y seguridad, que impliquen una debida trazabilidad o seguimiento, a fin de establecer eventuales o potenciales responsabilidades no sólo del proveedor, sino tambien de los importadores, distribuidores, representantes, usuarios y terceros, que formen parte o participen de todo el ciclo de vida de la herramienta de Inteligencia Artificial de que se trate.

En síntesis, debemos declarar que una flamante e interesante ciencia del Derecho ha comenzado a surgir, y nos corresponde estar debidamente preparados para afrontarla.